“Memoria, Verdad y Justicia Completa” es el nombre del video de 12 minutos que el Gobierno libertario dio a conocer ayer, cuando se conmemoró un nuevo aniversario de la peor fecha de la historia de la Argentina. El 24 de marzo de 1976, un golpe militar instaló la última dictadura militar en el país. La peor de todas. La más criminal, sangrienta y genocida.
Se trata de fragmentos de tres entrevistas realizadas en la Casa Rosada con el escritor, periodista y ex jefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre; el ex guerrillero Luis Labraña; y la tucumana María Fernanda Viola, sobreviviente del atentado del ERP de 1974 en el que perecieron acribillados su hermana de tres años, María Cristina, y su padre, el capitán Humberto Viola. Cada uno brinda testimonios e interpretaciones de la violencia que desangró al país a partir de la década del 70.
Pese a lo que pretende el título de esa producción audiovisual, no hay completitud en el enfoque de los hechos. Se asiste, más bien, a la reedición de un reduccionismo maniqueo que durante décadas ha dominado el enfoque de aquellos horrores: la “Tesis de los Dos Demonios”. En el video oficial, inclusive, hay una alusión específica a esa teoría, que no es desechada sino, sólo, renominada: “Eran dos ángeles caídos”, dice Labraña, porque ambos bandos -dice- luchaban “por la patria y la libertad”.
La reinstalación de esta mirada binaria impugna el anhelo final de los entrevistados: una instancia superadora para los argentinos. La “Tesis de los Dos Demonios” impide tal cosa. De un lado, justifican los crímenes de las Fuerzas Armadas en nombre de frenar el terrorismo de las guerrillas. Del otro, justifican los crímenes de las guerrillas en nombre de frenar el terrorismo de estado. Con “Los dos Ángeles Caídos” es igual: en vez de justificaciones, se habilitan las reivindicaciones.
Este reduccionismo es inconducente: equivale a discutir si primero fue el huevo o la gallina. Unos dirán que los grupos subversivos son la reacción contra la subversión del orden institucional que implicó el golpe del 76. Otros responderán que la violencia de unos y otros es anterior: el gobierno peronista de María Isabel Martínez de Perón, por decreto, habilitó el “Operativo Independencia” para aniquilar la subversión. Pero habrá quienes recuerden que la violencia social estalla ya fines de los 60 (“Rosariazo”, “Correntinazo”, “Tucumanazo”, “Cordobazo”…), como consecuencia de las políticas que impuso el “Onganiato”, tras el golpe de 1966. A la violencia del Estado contra los particulares ya la había exhibido la “Revolución Libertadora” que derrocó y proscribió al peronismo en 1955: al año siguiente devino dictadura fusiladora de civiles, la “Operación Masacre” que reveló Rodolfo Walsh. Pero no faltarán los que recordarán, con razón, que el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, ya desde 1954, había desatado una violencia descomunal contra la oposición y el clero. Hubo templos y sedes de partidos políticos incendiados, dirigentes y sacerdotes detenidos, y el más irresponsable discurso pronunciado por un Presidente constitucional: “Por cada uno de nosotros que caiga, cinco de ellos caerán”. No menos cierto es que este mensaje fue posterior al bombardeo de Plaza Mayo, que mató a centenares de inocentes... La retahíla no tiene solución de continuidad. Se puede seguir hasta los tiempos de la Conquista española y su enfrentamiento con los pueblos originarios. La “Teoría de los Dos Demonios”, precisamente, le queda cómoda a todos los involucrados: nadie tiene que asumir su responsabilidad, porque la culpa es siempre del otro.
Este domingo, consecuente, asistimos al segundo capítulo en el proceso de partidización de esa fecha tan traumática como es el 24 de marzo. Hace dos décadas, el kirchnerismo encaró su politización y hasta su apropiación: el populismo determinó que sólo al oficialismo, a las agrupaciones políticas de izquierda y a los organismos de derechos humanos les correspondía recordar la fecha. Y a nadie más. El pasado fue usado como un arma: a cualquiera que peinara canas se le interrogaba acerca de dónde estaba y qué hacía durante la década setentista.
Ahora llega la revancha. Presentada como una “batalla cultural” en torno de la historia, se pierde de vista que en un debate meramente bipolar, desde el principio, la verdad está derrotada.
No comer a los caníbales
Habiendo quedado expuesto que hubo crímenes aberrantes tanto de las guerrillas como de las Fuerzas Armadas, hay, sin embargo, una cuestión no explicitada. El maniqueísmo se encarga de marginarla. Y la “Teoría de los Dos Demonios” se trafica sobre la base de invisibilizar este asunto meridiano. Concretamente, las responsabilidades de unos y de otros no son equiparables.
No pueden ponerse en un mismo plano los crímenes de las guerrillas y los crímenes de las Fuerzas Armadas. No por la naturaleza de sus actos, sino por la naturaleza de sus perpetradores. El Estado no debiera delinquir. Su razón de ser consiste en sostener el Derecho, no en violarlo. Dicho de otro modo: los argentinos tenían un Ejército para que los defendiera de los subversivos. Pero no tenían un Ejército para que los defendiera del Ejército.
Hay una aserción lógica que, no por coloquial, es menos tajante: “Lo único que no podemos hacer con los caníbales, es comérnoslos”. Devorar a los antopófagos no eliminará la antropofagia: sólo reemplazará a quienes la practican. Las Fuerzas Armadas, para combatir el terrorismo de las guerrillas, jamás debieron apelar al terrorismo de estado.
Ello se vio durante la primera presidencia tras el retorno de la democracia: la de Raúl Alfonsín, tan insultado por el actual mandatario Javier Milei. En el Estado de Derecho, los jerarcas de la última dictadura no fueron secuestrados, torturados ni desaparecidos, sino llevados ante la Justicia de la república. Otro tanto ocurrió con líderes montoneros como Mario Firmenich o Fernando Vaca Narvaja. Luego, el Gobierno de Carlos Menem los excluyó en un primer momento del indulto dado a otros jefes guerrilleros y jerarcas militares. Pero el decreto 2742 les otorgó la libertad en 1990.
Es verdad: no fueron condenados todos los protagonistas del terrorismo subersivo, así como tampoco todos los protagonistas del terrorismo de Estado, sobre todo tras las leyes de “Punto Final” y “Obediencia de Vida”, arrancadas a fuerza de alzamientos militares. Pero en todos los casos, el Estado, que garantiza la vigencia del derecho, actuó dentro del Estado de Derecho.
El crimen se combate con legalidad. Lo contrario fue denunciado por el fiscal Julio César Strassera en el “Juicio a las Juntas” de 1985: “Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y el control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”